Cada vez resulta más evidente que atender la degradación de la tierra no puede esperar. Sus costos ya se reflejan en menor productividad agrícola, presión sobre el agua, comunidades vulnerables y ecosistemas menos capaces de resistir eventos extremos. La pregunta no es solo por qué actuar, sino cómo pasar de los compromisos a la acción y qué estamos perdiendo mientras esperamos.
Esa pregunta estuvo en el centro de la 17ª Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (COP17), celebrada el mes pasado en Ulaanbaatar, Mongolia, bajo el lema restaurar la tierra, restaurar la esperanza. Naciones Unidas estima que hasta 40% de las tierras del planeta presentan algún grado de degradación y que cada año se pierden alrededor de 100 millones de hectáreas de tierra sana y productiva. Si esta trayectoria continúa, para 2050 podría degradarse una superficie adicional casi del tamaño de Sudamérica.
La COP17 también hizo visible la distancia entre los compromisos y los avances en el terreno. El Global Land Restoration Achievements 2026 Report señala que, frente a más de mil millones de hectáreas comprometidas para restauración, 124.3 millones registran avances en su implementación. Hay camino por recorrer.
El impacto trasciende lo ambiental. El 95% de nuestros alimentos depende del suelo y la FAO advierte que su erosión podría reducir hasta 10% el rendimiento de los cultivos hacia 2050. Su degradación acumulada podría representar pérdidas de 23 billones de dólares , mientras que hacen falta 278 mil millones adicionales al año para alcanzar las metas globales. Detrás de estas cifras hay consecuencias tangibles como alimentos más caros, menos agua y economías rurales más frágiles.
México conoce bien estas presiones. Aproximadamente dos terceras partes del territorio corresponden a zonas áridas o semiáridas, donde agua, suelo y productividad agropecuaria están interconectados. El país se ha alineado con la Agenda 2030 e impulsado el Programa Nacional de Restauración Ambiental y la Jornada Nacional de Reforestación. Pero reconocer el desafío no implica una solución única ni una responsabilidad exclusiva del gobierno.
La escala de la crisis exige responsabilidad compartida. La política pública y la inversión gubernamental son esenciales, pero también la ciencia, la innovación, el conocimiento local, las capacidades y el capital para sostener soluciones. La oportunidad está en conectar estos esfuerzos y aprender de lo que funciona.
La inversión puede contribuir a esa escala. Para que las soluciones efectivas dejen de ser esfuerzos aislados, necesitamos movilizar recursos más allá de la filantropía y el financiamiento público e incorporar capital privado como una herramienta para sostenerlas y ampliarlas.
Aquí es donde cobra relevancia el enfoque de paisajes regenerativos. Más que esfuerzos aislados, estos modelos reconectan tierra, agua, sistemas alimentarios y comunidades mediante soluciones arraigadas localmente. Esto puede significar recuperar el suelo y mejorar la infiltración; restaurar cuencas y fortalecer actividades productivas; o impulsar agricultura y ganadería regenerativas que generen medios de vida resilientes.
Este enfoque también exige convertir conocimiento en soluciones accesibles: la investigación aplicada genera evidencia; la demostración permite probarla y adaptarla; la educación transfiere capacidades; y el financiamiento puede sostener y escalar aquello que demuestra resultados. Su valor surge cuando forman un mismo ciclo. Se trata de probar, aprender y llevar más lejos aquello que funciona.
En México, estas experiencias son cada vez más visibles en las regiones áridas del norte. Pronatura Noreste reporta más de 18,702 hectáreas de pastizales restauradas mediante prácticas de manejo sostenible en el noroeste del país, en colaboración con productores, instituciones científicas y autoridades. En Baja California Sur, Rancho Cacachilas, parte del ecosistema de organizaciones de Innovaciones Alumbra, prueba soluciones en la Cuenca de Los Planes, donde la precipitación media anual es de 281 milímetros según Conagua y el acuífero presenta un déficit oficial de 2.3 millones de metros cúbicos al año, pese a estar vedado desde 1954. Ahí integra restauración de cuencas, infiltración de agua, agricultura regenerativa y manejo holístico del ganado.
Un estudio del Servicio Geológico de Estados Unidos y sus instituciones socias, presentado este año, midió el efecto de estructuras que frenan el agua en un cauce: el agua permaneció bajo el suelo hasta seis meses y medio más, se acumularon hasta 88 centímetros de tierra antes arrastrada y, en una década, las imágenes satelitales registraron 14% más vegetación.
Estos ejemplos no constituyen una respuesta nacional coordinada, pero muestran que los resultados pueden medirse y lo medible puede replicarse.
La COP17 dejó la oportunidad de llevar esta conversación más allá de Mongolia y cerrar la distancia entre compromisos y territorio. La restauración requiere coordinación, inversión, evidencia y participación. Frente al costo de la inacción, regenerar paisajes significa recuperar funciones ecológicas y fortalecer comunidades, sistemas alimentarios resilientes y oportunidades económicas. Restaurar antes de perder no es solo una consigna: es la opción más económica que nos queda.
*Andrew Rhodes, es director de Relaciones Públicas y Política para Innovaciones Alumbra en México y Alejandra Campos Salgado es gerente de Restauración Ecohidrológica de Cuencas Áridas en el Centro de Estudios Aplicados de Agua en Zonas.